La aprobación en la Asamblea Nacional de la Ley para la Distribución y Uso Responsable del Servicio Público de Energía Eléctrica, conocida como ley antifraude energético es condición indispensable para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) apruebe la última revisión del programa económico que el Gobierno tiene con ese organismo.
El representante del FMI en Nicaragua expresó que de la aprobación de esta revisión depende que el FMI desembolse 16 millones de dólares correspondientes al primer trimestre de este año, así como otros 20 millones de dólares de otros cooperantes.
La ley antifraude energético, la cual debió estar aprobada en diciembre pasado según los compromisos asumidos inicialmente por el gobierno con el FMI, establece sanciones administrativas y penales contra los que roben energía por encíma de cierta cantidad de kilovatios. El representante del FMI en Nicaragua subrayó que este organismo no puso plazos para la aprobación de la ley antifraude, por lo que el Gobierno tiene todo el tiempo para negociar con la Asamblea Nacional tal aprobación, sin embargo, mientras no se cumpla este requisito, el desembolso de los 36 millones de dólares seguirá congelado.
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1 comentario:
jajajaja los primeros en ser penalizados por este fraude van a ser nuestros gobernantes, quienes se encuentra cerca de las autoridades que llevan a cabo estos planes.
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